Sunday, 21 June 2009
Elecciones Sucias
Saulo Reyes Gamboa aportó 100 mil dólares a su campaña a la alcaldía, siendo uno de los principales patrocinadores de manera individual, junto con otro empresario de nombre Nicolás Fernández.
Héctor Murguía: los narcos en casa
Tras su gestión como alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua (2004-2007), Héctor Agustín Murguía Lardizábal, heredó una deuda pública superior a los 200 millones de pesos que la actual administración aún no termina de saldar.
Candidato a diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito 2, conformado por colonias populosas de esa ciudad, es señalado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de tener vínculos con el cártel de Juárez.
Es acusado de beneficiar a constructoras “amigas” del gobierno local y de escaso historial con obras innecesarias. El actual alcalde José Reyes Ferriz debió cubrir pagos por 22 millones de pesos a la constructora YVASA y otros 12 millones de pesos a PASA.
Además, Murguía Lardizábal contrajo cuantiosos pasivos con médicos, farmacias, papelerías y otros negocios que sirvieron a su administración municipal.
De acuerdo con la Tesorería local, se recibieron 127 solicitudes de pago a proveedores, por un monto de 113 millones de pesos, de los cuales ya se extendieron cheques por 50 millones de pesos a 13 firmas, entre constructoras, distribuidoras de materiales y prestadores de servicios.
Su jefe operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Saulo Reyes Gamboa, fue detenido en enero de 2008 en Texas, por entregar medio millón de dólares a un supuesto agente aduanal corrupto, que resultó ser un agente encubierto de la corporación.
El empresario Reyes Gamboa, dueño de cadenas de restaurantes, como Kinn Sui, de comida japonesa; socio de la franquicia Subway y de un negocio de hamburguesas, enfrenta cargos por narcotráfico.
Su ingreso a cargos públicos en Juárez fue desde la administración del entonces alcalde panista Ramón Galindo Noriega (1995-1998), cuando fue director de Ingresos.
Candidato a diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito 2, conformado por colonias populosas de esa ciudad, es señalado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de tener vínculos con el cártel de Juárez.
Es acusado de beneficiar a constructoras “amigas” del gobierno local y de escaso historial con obras innecesarias. El actual alcalde José Reyes Ferriz debió cubrir pagos por 22 millones de pesos a la constructora YVASA y otros 12 millones de pesos a PASA.
Además, Murguía Lardizábal contrajo cuantiosos pasivos con médicos, farmacias, papelerías y otros negocios que sirvieron a su administración municipal.
De acuerdo con la Tesorería local, se recibieron 127 solicitudes de pago a proveedores, por un monto de 113 millones de pesos, de los cuales ya se extendieron cheques por 50 millones de pesos a 13 firmas, entre constructoras, distribuidoras de materiales y prestadores de servicios.
Su jefe operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Saulo Reyes Gamboa, fue detenido en enero de 2008 en Texas, por entregar medio millón de dólares a un supuesto agente aduanal corrupto, que resultó ser un agente encubierto de la corporación.
El empresario Reyes Gamboa, dueño de cadenas de restaurantes, como Kinn Sui, de comida japonesa; socio de la franquicia Subway y de un negocio de hamburguesas, enfrenta cargos por narcotráfico.
Su ingreso a cargos públicos en Juárez fue desde la administración del entonces alcalde panista Ramón Galindo Noriega (1995-1998), cuando fue director de Ingresos.
Saulo Reyes Gamboa
Saulo Reyes Gamboa participó tanto en gobiernos panistas como priístas desde temprana edad. Estuvo al frente de la Coordinación de Obligaciones en la Oficina de Recaudación de Rentas en la administración de Francisco Barrio terrazas (PAN); como subtesorero de Ingresos en la administración municipal de Ramón Galindo (PAN; 1995-1998) y fungió como director administrativo de la Policía Municipal en el trienio del ex alcalde Gustavo Elizondo águilar (PAN; 1998-2001) y durante el periodo en el que Javier Benavides fungió como comisionado de Seguridad Pública Municipal. En ambos gobiernos se le inmiscuyó en anomalías, como el manejo discrecional de los recursos de la Policía Especial, pero solamente debió abandonar el último cargo.Pese a los antecedentes que habían sido del dominio público, el 23 de enero del 2007, el entonces alcalde Héctor Murguía Lardizábal (PRI; 2004-2007) quien llegara al cargo con el respaldo directo del Grupo Atlacomulco del Estado de México, dio a conocer el nombramiento del empresario como director de la policía municipal a petición expresa de la Confederación Patronal Mexicana, lo que fue percibido como una imposición del organismo patronal. Murguía Lardizabal, quien gusta de ser llamado por su apodo (“Teto”), anunció así el nombramiento en ese entonces: “ Vamos a poner a petición de la iniciativa privada, en particular Coparmex, al licenciado Saulo Reyes como director de Policía y al señor Juan Antonio Román como coordinador operativo”. Explicó que el nombramiento obedecía a la premisa de buscar un enlace y coordinación entre la Policía Municipal y la iniciativa privada, también destacó la participación activa del empresario restaurantero en Coparmex, como integrante del Consejo de Seguridad, y su amplia experiencia en la función pública en otras administraciones municipales.Dos horas después de su nombramiento, en otra conferencia de prensa Saulo Reyes Gamboa declaró que no conocía el trabajo policiaco y afirmó que fue nombrado para atender los intereses del comercio organizado. Anunció que su desempeño estaría enfocado a los proyectos de la iniciativa privada, principalmente a lo que denominó “Programa de Seguridad Pública Integral”, la reactivación de “Alto al Crimen” y el convertir a la Policía Especial en un grupo “rentable”. Al día siguiente del nombramiento de Saulo Reyes Gamboa, el dirigente de Coparmex, Ernesto Anaya Silva dijo que este organismo avalaba que uno de sus socios se sumara a la administración municipal y desde ahí se trabajara en la aplicación de un estudio presentado por ellos. Antonio Andreu Rodríguez, entonces presidente de Canaco y actualmente diputado local por el PRI, consideró positivo el nombramiento de Saulo, porque “garantiza la aplicación de programas efectivos en el aspecto de seguridad y las propuestas realizadas por el sector empresarial”.
La capturaEl ex funcionario juarense, de 36 años, fue arrestado alrededor de las ocho de la noche del miércoles en un estacionamiento de la zona Centro de El Paso, luego de sobornar a quien creyó era un corrupto oficial de la Aduana, para coordinar el cruce de cargamentos de mariguana por los puentes internacionales. La detención se dio durante un operativo encubierto de la Oficina de la Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).El arresto de Reyes Gamboa llevó a las autoridades al decomiso de 985 libras (447 kilogramos) de mariguana que se encontraban en una vivienda localizada en la ciudad de Horizon y a la detención de la esposa del propietario de ésta, Karina Tarango, de 27 años, informó ICE. Ambos están acusados de dos cargos: conspiración y posesión para distribuir mariguana, y podrían enfrentar de cinco a 40 años en la cárcel y hasta dos millones de dólares de multa si se les encuentra culpables. Reyes Gamboa también enfrenta un cargo adicional de soborno a un oficial público, de acuerdo con ICE. Mesa le negó a Reyes Gamboa derecho a fianza y le asignó un abogado defensor de oficio para representarlo en otra audiencia que tendrá la próxima semana. En tanto que el juez magistrado le fijó una fianza de 20 mil dólares a Tarango, quien obtuvo la libertad condicional más tarde con el depósito de dos mil dólares. Mesa también le asignó a ella un abogado defensor de oficio y tendrá otra comparecencia la siguiente semana.
La capturaEl ex funcionario juarense, de 36 años, fue arrestado alrededor de las ocho de la noche del miércoles en un estacionamiento de la zona Centro de El Paso, luego de sobornar a quien creyó era un corrupto oficial de la Aduana, para coordinar el cruce de cargamentos de mariguana por los puentes internacionales. La detención se dio durante un operativo encubierto de la Oficina de la Aplicación de las Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).El arresto de Reyes Gamboa llevó a las autoridades al decomiso de 985 libras (447 kilogramos) de mariguana que se encontraban en una vivienda localizada en la ciudad de Horizon y a la detención de la esposa del propietario de ésta, Karina Tarango, de 27 años, informó ICE. Ambos están acusados de dos cargos: conspiración y posesión para distribuir mariguana, y podrían enfrentar de cinco a 40 años en la cárcel y hasta dos millones de dólares de multa si se les encuentra culpables. Reyes Gamboa también enfrenta un cargo adicional de soborno a un oficial público, de acuerdo con ICE. Mesa le negó a Reyes Gamboa derecho a fianza y le asignó un abogado defensor de oficio para representarlo en otra audiencia que tendrá la próxima semana. En tanto que el juez magistrado le fijó una fianza de 20 mil dólares a Tarango, quien obtuvo la libertad condicional más tarde con el depósito de dos mil dólares. Mesa también le asignó a ella un abogado defensor de oficio y tendrá otra comparecencia la siguiente semana.
Indagan al narco por invertir en urnas
El cártel del narcotráfico liderado por Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, presuntamente ha destinado recursos de procedencia ilícita para apoyar campañas políticas a cambio de la protección de sus operaciones y seguridad para los cargamentos de droga que se trasladan por Chihuahua, según un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).
El documento advierte que hay elementos para sospechar que el cártel de Juárez intervino en el proceso electoral de 2004, en esa entidad, ayudando a la promoción de algunos candidatos fronterizos.
Los documentos de la agencia estadunidense, a los que Excélsior tuvo acceso, revelan que la organización delictiva encabezada por El Viceroy ha logrado establecer una red de corrupción, principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, para triangular las donaciones a las campañas políticas.
La Oficina de la DEA de la ciudad de El Paso, Texas, señaló en su informe que ha realizado un seguimiento de los recursos económicos del cártel de Juárez y ha encontrado que una parte de esos activos fueron destinados a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de la ciudad fronteriza.
Incluso la oficina de la DEA señala que integró un registro sobre estas actividades ilícitas en las que se vinculaba a altos funcionarios del gobierno municipal de Juárez:
“El expediente de la operación de tráfico de drogas en el interior del Departamento de Policía de Juárez se ha integrado. Recientemente he tomado conciencia de los informes enviados por los vínculos delictivos al interior de la corporación (de seguridad) sobre una serie de actividades ilegales generadas por el cártel de Juárez.
“En este caso se implica al titular de la SSPM, Marco Antonio Torres, y el director de operación de la policía, Saulo Reyes (Gamboa), ambos con estrechos vínculos con el cártel de los Carrillo Fuentes.”
Los informes estadunidenses señalan que los funcionarios de alto nivel que operaron en la SSPM, entre 2004 y 2007, tienen propiedades en ambos lados de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos.
El documento advierte que hay elementos para sospechar que el cártel de Juárez intervino en el proceso electoral de 2004, en esa entidad, ayudando a la promoción de algunos candidatos fronterizos.
Los documentos de la agencia estadunidense, a los que Excélsior tuvo acceso, revelan que la organización delictiva encabezada por El Viceroy ha logrado establecer una red de corrupción, principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, para triangular las donaciones a las campañas políticas.
La Oficina de la DEA de la ciudad de El Paso, Texas, señaló en su informe que ha realizado un seguimiento de los recursos económicos del cártel de Juárez y ha encontrado que una parte de esos activos fueron destinados a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de la ciudad fronteriza.
Incluso la oficina de la DEA señala que integró un registro sobre estas actividades ilícitas en las que se vinculaba a altos funcionarios del gobierno municipal de Juárez:
“El expediente de la operación de tráfico de drogas en el interior del Departamento de Policía de Juárez se ha integrado. Recientemente he tomado conciencia de los informes enviados por los vínculos delictivos al interior de la corporación (de seguridad) sobre una serie de actividades ilegales generadas por el cártel de Juárez.
“En este caso se implica al titular de la SSPM, Marco Antonio Torres, y el director de operación de la policía, Saulo Reyes (Gamboa), ambos con estrechos vínculos con el cártel de los Carrillo Fuentes.”
Los informes estadunidenses señalan que los funcionarios de alto nivel que operaron en la SSPM, entre 2004 y 2007, tienen propiedades en ambos lados de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos.
LA PGR INVESTIGA A HECTOR MURGUIA
A pesar de que lo niegan él y sus simpatizantes, Héctor Agustín El Teto Murguía Lardizábal, aspirante priista a una curul por el segundo distrito electoral federal de Chihuahua, es investigado por autoridades judiciales de México y por la administración antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y el narcotráfico.
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